La inseguridad que no miramos
(que no nos muestran)
por Alejandro Gonzalez Stier
Los problemas de seguridad de la población han sido tema de debate, de discusión, de publicación y de campañas políticas, sistemáticamente durante la última década. Muchas son las historias escuchadas, muchas las supuestas soluciones mágicas propuestas, muchas las medidas inconducentes adoptadas, muchas las quejas de la población argentina y mucho el bombardeo mediático sobre la cuestión.
Siendo que el año en curso es un año electoral y que, seguramente, las promesas y agresiones de campaña girarán en torno al tema, sería interesante evaluar, a esta altura, algunas variables a tener en cuenta que no colman las tapas de los periódicos nacionales ni se lucen en las pantallas de los programas “prime time” en los grandes multimedios.
Lo primero que resulta importante mencionar es que “la sensación de inseguridad” existe. Sin embargo, tal afirmación no descarta la existencia de hechos verdaderos de inseguridad. La explicación de ello resulta en que si bien los hechos ocurren, la magnificación e insistencia de los medios respecto de situaciones violentas, instalan en la población la idea de que la cantidad de delitos es mucho mayor que la real.
Tal magnificación mediática genera una demanda de la población hacia el estado que debe generar respuestas –no siempre acertadas- con la consecuente cascada de críticas de la oposición que se refleja en promesas de campaña de carácter utópico.
En cuanto a las respuestas del gobierno, en la mayoría de los casos son de carácter regresivo y ejecutivo, es decir que generan un impacto inmediato pero no contemplan políticas preventivas que propendan a dar soluciones de largo plazo. Generalmente se trata de reformas legislativas expansionistas en materia penal, representadas por incrementos de penas y restricción de garantías procesales que se alejan de los estándares de derechos humanos y de la posibilidad de disuadir a futuros delincuentes. Como consecuencia, aumenta la persecución estatal pero se mantienen vigentes las situaciones sociales de fondo catalogables como posibles generadoras de delincuencia: La pobreza, el narcotráfico y la falta de educación.Sin embargo debe reconocerse que la sustancial baja en la desocupación que hemos vivido en la última década representó también una disminución en la necesidad de delinquir para subsistir, pero esos beneficios se opacaron por el incremento en la violencia ejercida durante los hechos delictivos que se cometen y la continua repetición de esa violencia en los medios masivos de comunicación.
Por otro lado, respecto de las críticas de la oposición y las consecuentes promesas de campaña, hace menos de dos años hemos sido testigos de una de las mentiras más tangibles de las que ha sido víctima el electorado. En la provincia de Buenos Aires, un hombre que ya era legislador nacional, prometía que de ganar las elecciones en las que aspiraba a obtener el mismo cargo que ostentaba, aplicaría un plan contra la inseguridad. Ese hombre, Francisco De Narváez, ganó las elecciones para las que se postuló en esa provincia y continúa teniendo una labor intrascendente en el congreso, limitando su gestión de seguridad a páginas de internet repletas de declaraciones sin propuestas concretas más allá de dos proyectos de ley: uno de radarización del espacio aéreo y otro de control de armas y municiones (fuente: www.laseguridadsehace.com).
Claro está que además de ser víctimas de la inseguridad y de la desinformación, la ciudadanía argentina sufre las mentiras de la dirigencia política que busca el poder a costa de falsas ilusiones utópicas construidas sobre temas que captan la sensibilidad de la opinión pública, mientras que en tópicos como el que aquí intenta desarrollarse, que resultan de interés para toda la nación, cabría dejar de lado las banderas políticas y que aquellos que efectivamente cuenten con proyectos viables que favorezcan la inserción social y restrinjan las posibilidades de delincuencia, propongan su aplicación en beneficio de todos los argentinos. Pero también queda depositada en el electorado la responsabilidad de no dejarse engañar por promesas vacías y de evaluar las efectivas posibilidades de concreción de aquellos “planes” cuya ejecución se prometa en contextos de campaña.
Sin embargo, más allá de todo lo dicho hasta el momento, puede añadirse otro punto de análisis que debe considerarse a la hora de proyectar posibles mejoras o soluciones al problema de la inseguridad.
Recientemente hemos sido testigos de reiteradas situaciones en las que aquellos que deben ser garantes de la seguridad, se ven sospechados por la comisión de ilícitos o por inacción ante su comisión.
Concretamente, distintas policías están involucradas en investigaciones por hechos de tal relevancia como la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga, el asesinato de Mariano Ferreyra y de aquellos que perdieron su vida durante las tomas de terrenos en Villa Soldati y en los recientes incidentes de José León Suárez.
Así, queda evidenciado que las reformas legislativas no son suficientes para combatir el flagelo de la inseguridad, puesto que las mismas instituciones designadas para protegernos y para acompañar al poder judicial en las investigaciones, se encuentran sospechadas de desapariciones, torturas, inacciones y homicidios, sin mencionar la corrupción del sistema que las contiene.
Por esos motivos los proyectos que se encaren en ese sentido deberán buscar una modificación integral en la idiosincrasia de la población y de las instituciones vinculadas con el tema, acompañados de una progresiva mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales de los argentinos, a fin de evitar la propagación de la delincuencia entre las futuras generaciones, comprendiendo además la necesidad de una seria política de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada que garantice el mantenimiento del estado de derecho y la democracia.
Paradoja:
Si bien la República Argentina comparte con Chile y Uruguay los tres primeros puestos en materia de preocupación de la población por el tema inseguridad en América Latina, son esos mismos tres países los que menor tasa de homicidios por habitantes registran en la región.
