9 sept 2014

Las Evas de Luciana

Luciana Bertoloni vive en Unquillo desde 1997. Es pintora, escultora y dibujante. Actualmente está desarrollando gran parte de su obra a partir de la vitrofusión -esculturas en vidrio-. Además, es docente de nivel terciario de la escuela de Arte Figueroa Alcorta, de la que se recibió de profesora.
Hace un tiempo, el colectivo Mujeres reparando historia  de Río Ceballos le encargó un busto de Eva Perón, que hoy se expone en la localidad. “Es busto clásico de Eva”, cuenta Luciana. Este trabajo le sirvió de disparador para lo que vendría: “Hacer la escultura, me sirvió de musa inspiradora para seguir con otra Eva que realicé bajo la técnica vitrofusión y que hoy se exhibe en Museo Eva Perón. Al empezar el trabajo, me enamoré de ella y empecé a investigar. Me parece un personaje muy querido, muy fuerte, con la que generé mucha afinidad”.
La nueva Eva de Luciana, que puede verse en el ex Palacio Ferreyra,  se aleja de lo convencional. En este sentido, aporta: “Quería hacer otra cosa. Mis obras son muñecos. Quise hacer una muñeca de Eva. Entonces, aproveché la instalación del vidrio para contar toda la historia en el vestido. Como un manto sagrado donde están significados textos sobre ella, sobre cómo le decía la gente, sobre las situaciones de su vida. Fue muy lindo y placentero hacerle el vestido”.
Con respecto a las expectativas que tenía  al emprender la labor de la  escultura en vidrio, Bertoloni dice que “gracias a Dios, a Eva, puse todo y salió la obra; les gustó a todos y llega al alcance de la gente que no es artista, generó una empatía general”. 
La autora de la Evas sostiene que quiere seguir haciendo obras que lleguen al público. “Quiero seguir representado cosas que le pasan a las mujeres, las injusticias, la vulnerabilidad. Miles de situaciones las planteo desde una lectura muy bella que es el vidrio, pero atrás de éso, quiero contar una historia que va más allá del vidrio, que te deje pensando y conmueva. Como en la que estoy trabajando actualmente, que es una historia del desalojo de Gladys, una vecina de Unquillo”.  




6 sept 2014

17 millones y un Terrón

17 millones y un Terrón
Hace unas semanas, se conoció, tras decisión judicial, que Mendiolaza debe pagar a una empresa constructora un montó que ronda los 17 millones de pesos en concepto de un contrato incumplido. Casi a la par de esta confirmación, se comienza a debatir en el Concejo Deliberante local el mega proyecto urbanístico en El Terrón. Sobre ambos temas, consultamos al intendente Daniel Salibi y a la concejal del MPI –Movimiento Participativo Independiente- Alicia López Seco.

En primera instancia, dialogamos con Daniel Salibi, quien hizo referencia al juicio perdido: "Este es un juicio que nace en 1996. En ese momento, se quiso hacer las obras de agua y luz y se adjudicó a la empresa MSB Construcciones los trabajos. Luego, un grupo de vecinos se opuso a la obra, el Concejo Deliberante dio marcha atrás y, de ahí, se planteó una negociación. La empresa quería cobrar lo que había hecho hasta el momento, que era un millón cuatrocientos mil pesos. Cuando yo asumo en el ’99, tuvimos la posibilidad en el año 2000, a través del Pacto Fiscal, de poder pagar la deuda de un millón ochocientos mil pesos (en ese momento pedían 400 mil pesos de interés), distribuidos en 25 años y pagaderos en 300 cuotas de cien mil pesos. Al Concejo Deliberante en ese momento lo presidía Alicia López Seco, quien argumentó, por medio de su abogado, que no había que pagar. Todo el resto del Concejo votó en contra y lamentablemente, hoy estamos pagando las consecuencias”.

¿La sentencia es definitiva? 
Sí, tiene una sentencia firme. Lo que la empresa reclama son 17 millones de pesos. El próximo jueves 4 tenemos la audiencia mediadora con las partes –N.A: la edición de setiembre de Ñu Porá se imprimió antes de esta fecha-. Por ahora, está todo en “stand by”. Hay que esperar lo que diga el juez en función de la audiencia.

¿Cuál es la estrategia a seguir?
Mientras tanto, estamos buscando y analizando posibilidades. Si bien es cierto que la empresa tiró unos números, pide 12 millones de pesos para que se liquide, lo cual es imposible para este municipio. Lo único que podríamos hacer en pedir un crédito, y hoy pedir un crédito para los municipios es totalmente difícil. Hemos hecho gestiones y se lo hemos trasmitido al Gobernador. Hemos sancionado una ordenanza para solicitar un adelanto de coparticipación; el Concejo también me ha facultado para buscar  créditos a través de los bancos. Estamos haciendo y agotando todas las instancias, mientras tanto, seguimos operativamente hasta que resuelva el juez. Una vez que decida el magistrado, en función de lo que nos vayan a querer descontar, ahí tomaremos algún otro tipo de decisión en función de cómo continuar.

¿Qué consecuencias puede traer esto para el municipio?
Impactaría en todo sentido en el caso de no llegar algo posible. Hasta hace un mes atrás, nos descontaban el 10 por ciento de los ingresos municipales. Hoy nos están pidiendo el 45, lo cual es imposible. Tendríamos que reducir todo al cincuenta por ciento, desde el personal a cuestiones laborales, todo. A todo ésto se lo he hecho llegar, a través de la secretaria de Juzgado, al juez.

El otro tema es El Terrón. Se empezó a tratar en el Concejo Deliberante el proyecto. ¿Cómo viene ese tema?
Está en Comisión ahora. Se le ha dado la posibilidad a que la gente vaya y plantee sus opiniones. De todos modos, insisto, la decisión está tomada. Acá, lo único que tiene que cumplimentar cualquier emprendimiento urbanístico, es que cumpla con todos los requisitos de la Provincia y éste los cumple. Algunos vecinos en su momento optaron por ir a la justicia, bueno, la justicia ya les dijo que sí…. No hay vuelta atrás.

La instancia legislativa municipal, entonces, ¿para qué es?
Porque tiene que pasar por el Concejo Deliberante. Esas son cuestiones administrativas, nada más. Yo desde acá lo elevo, el Concejo hace la visación previa y la aprobación final la hace el municipio. El Concejo observa la cumplimentación de requisitos, documentación. Y está todo, absolutamente todo. La justicia misma lo ha dicho. O sea que ya no hay vuelta atrás.

Cuando decís que está aprobado, ¿por quién lo está?
Por todas las áreas provinciales correspondientes.

¿Y si el Concejo decide no aprobar el proyecto?
No, no lo hubiéramos presentado. No le voy hacer hacer a alguien un trámite…. Esto nace porque teníamos la decisión de hacerlo, sino, obviamente, no le íbamos hacer perder el tiempo a un emprendedor.

¿Factibilidad de agua, cancha de golf, todo aprobado?
Todo, está todo dado. Completo.

A la ciudadanía que está en contra, ¿qué se le dice?
Imagínate, viven 14 mil habitantes en Mendiolaza y 50 vecinos fueron al Concejo. Quiere decir, que hay 13.950 que están de acuerdo.

…………
Por su parte, Alicia López Seco, en primera instancia, con respecto a la deuda con la empresa MSB, dijo tienen el informe del asesor letrado en el que afirma que no había que firmar el acuerdo. “Mirá lo que decía Miguel Salvatelli en  su momento, que era otro concejal: ‘el Concejo Deliberante no ha tomado ningún compromiso ni con esta empresa ni con el intendente. Desde un primer momento se rechazó el acuerdo. Si existe un compromiso ha sido por parte del intendente o el Ejecutivo con respecto a ese acuerdo’”, lee la edil parte del informe que tiene en sus manos. Y continúa: “Todos los concejales de él (Salibi) votaron en contra, sólo uno votó a favor del acuerdo”.
Luego, pasamos al tema El Terrón. Dice López Seco: “Al Concejo Deliberante entró hace dos semanas el expediente, cuando hace mucho que está danza. Toda la información que tenemos es porque nosotros hemos buscado datos en otras dependencias, el municipio no nos daba nada”.

Ahora lo están tratando en Comisión
Sí, pedimos que se trabaje en Comisión. Para eso, invitamos a biólogos, habíamos invitado un sociólogo, que al final no puedo venir. Vino un geólogo también. Lo que hicieron estos profesionales es exponer sus conocimientos técnicos. Lo que más resuena es que el problema del agua es grave. Con el argumento de que ahora está la obra, se supone que se va a resolver el problema. En realidad el problema es el agua, la recuperación de las cuencas, no sólo la obra. Para este nuevo barrio, la Provincia da autorización de factibilidad de fuente basándose en el cupo que tiene Mendiolaza, que, hasta el 2014, es para doce mil habitantes. Hoy, ya somos más de ese número. Tuvimos todo el verano con dos días de cortes a la semana. Falta incorporar San Alfonso del Talar y faltan las 500 viviendas que es una primera instancia se van a hacer en El Terrón.

¿Para cuántas viviendas en total está planificado El Terrón?
El proyecto final, es para 2.500 viviendas. Más la cancha de golf, para la cual la Provincia dio autorización para mantenerla mediante agua de pozo. Presenté un pedido formal para que se desarrolle una audiencia pública, a los fines de que los vecinos se puedan expresar y puedan escuchar a especialistas en la materia.

¿Cuál es la actitud de los concejales oficialistas?
Escuchan atentamente, respetuosamente pero yo entiendo que su posición ya está tomada. Ellos consideran que con la ampliación de la Planta Potabilizadora de La Calera y la obra inaugurada en El Talar está solucionado el tema del agua. Es como si no se viera más allá. Yo creo que mientras haya posibilidades, no está todo perdido, más allá del resultado de la votación en el Concejo. Entiendo que el hecho de que la gente pueda participar, conocer y asesorarse, también te hace pensar y reflexionar sobre qué clase de pueblo y de gobierno tenemos y queremos. Por otro lado, el intendente está acostumbrado a que el Concejo Deliberante sea la escribanía de él, y nosotros no vamos a certificar con nuestra firma.

Parte de la ciudadanía está en contra de este emprendimiento

Por supuesto. El hecho es que Salibi minimiza la situación porque dice que hay catorce mil habitantes y son muy pocos las que participan y están en contra.

Nuestra bendita policía

Demás está aclarar que desde Ñu Porá rechazamos las amenazas que recibió el periodista Dante Leguizamón por parte del jefe de la policía –con minúscula, como el nivel de empatía que logra con los ciudadanos- de Córdoba, Julio Cesar Suárez. Y nos solidarizamos con él, trabajador de prensa, que, además, es vecino de la ciudad de Río Ceballos.
Y nos solidarizamos, y nos preocupamos, por todos aquellos que cotidianamente sufren el accionar de la policía de la provincia, institución que, desde hace un buen tiempo - resabio de la última dictadura cívico- militar- viene castigando continuamente, principalmente, a sectores estigmatizados, vulnerables, amparados en ese ilegal instrumento de permiso para casi todo: el Código de Faltas. Este es sólo una arista de una intrincada cuestión.
El de Leguizamón es sólo un ejemplo, que, claro, tomó gran relevancia por tratarse de un periodista y de la máxima figura de la policía, que dejó en evidencia, una vez más, el funcionamiento de nuestros responsables de la seguridad. Pero, ¿en qué quedan los cotidianos arrestos por portación de rostro y “merodeo”? ¿Qué pasa con los casos invisibilizados? ¿Realmente podemos seguir amparando que se realicen razias y se exhiba a los sujetos como trofeos, como sucedió hace un par de meses en el Polideportivo de Villa Allende? ¿Está es la política de seguridad pública que queremos realmente, la de mano dura?
En lo que va del año, siete son, por lo menos, los casos de muerte por gatillo fácil que involucran a uniformados de la provincia de Córdoba. Aclaramos, gatillo fácil: uso desmedido y desproporcionado de la fuerza y arma de fuego. Alguno de esos casos son el de Alberto Pellico y Cristián Guevara de 18 años, Lautaro Torres de 16, Ezequiel Barraza de 20, entre otros.
Ante estos hechos, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba emitió una Declaración en la que sostiene que “deseamos expresar públicamente nuestra profunda preocupación y pesar por las muertes, solo en lo que va de este año, de siete jóvenes de nuestra provincia en confusos hechos policiales que hacen sospechar que podría tratarse de excesos en algunos casos, cuando no de simples ejecuciones en otros”. Continúa en otro párrafo: “No hay razones que justifiquen que los agentes de seguridad del Estado violenten el principio de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que determine eventuales responsabilidades penales. La democracia, por cierto, requiere de una política eficiente de seguridad ciudadana, pero esta debe fundarse en la plena vigencia de la ley y del estado de derecho, respetando los derechos humanos garantizados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que son reconocidos por ella”.

Así estamos. Así esperamos no seguir, por lo menos por mucho tiempo más. 

20 ago 2014

EDICIÓN AGOSTO