Nuestra bendita policía

Demás está aclarar que desde Ñu Porá rechazamos las amenazas que recibió el periodista Dante Leguizamón por parte del jefe de la policía –con minúscula, como el nivel de empatía que logra con los ciudadanos- de Córdoba, Julio Cesar Suárez. Y nos solidarizamos con él, trabajador de prensa, que, además, es vecino de la ciudad de Río Ceballos.

Y nos solidarizamos, y nos preocupamos, por todos aquellos que cotidianamente sufren el accionar de la policía de la provincia, institución que, desde hace un buen tiempo - resabio de la última dictadura cívico- militar- viene castigando continuamente, principalmente, a sectores estigmatizados, vulnerables, amparados en ese ilegal instrumento de permiso para casi todo: el Código de Faltas. Este es sólo una arista de una intrincada cuestión.

El de Leguizamón es sólo un ejemplo, que, claro, tomó gran relevancia por tratarse de un periodista y de la máxima figura de la policía, que dejó en evidencia, una vez más, el funcionamiento de nuestros responsables de la seguridad. Pero, ¿en qué quedan los cotidianos arrestos por portación de rostro y “merodeo”? ¿Qué pasa con los casos invisibilizados? ¿Realmente podemos seguir amparando que se realicen razias y se exhiba a los sujetos como trofeos, como sucedió hace un par de meses en el Polideportivo de Villa Allende? ¿Está es la política de seguridad pública que queremos realmente, la de mano dura?

En lo que va del año, siete son, por lo menos, los casos de muerte por gatillo fácil que involucran a uniformados de la provincia de Córdoba. Aclaramos, gatillo fácil: uso desmedido y desproporcionado de la fuerza y arma de fuego. Alguno de esos casos son el de Alberto Pellico y Cristián Guevara de 18 años, Lautaro Torres de 16, Ezequiel Barraza de 20, entre otros.

Ante estos hechos, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba emitió una Declaración en la que sostiene que “deseamos expresar públicamente nuestra profunda preocupación y pesar por las muertes, solo en lo que va de este año, de siete jóvenes de nuestra provincia en confusos hechos policiales que hacen sospechar que podría tratarse de excesos en algunos casos, cuando no de simples ejecuciones en otros”. Continúa en otro párrafo: “No hay razones que justifiquen que los agentes de seguridad del Estado violenten el principio de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que determine eventuales responsabilidades penales. La democracia, por cierto, requiere de una política eficiente de seguridad ciudadana, pero esta debe fundarse en la plena vigencia de la ley y del estado de derecho, respetando los derechos humanos garantizados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales que son reconocidos por ella”.

Así estamos. Así esperamos no seguir, por lo menos por mucho tiempo más.