Análisis Político

Los desafíos del modelo

En el mes de febrero ocurrió en la estación de trenes de la Capital Federal un accidente que conmovió a toda la opinión pública por el daño en muertos y heridos que provocó a quienes habitualmente usan el servicio de trenes. Las opiniones vertidas al momento del accidente han dejado de aparecer en la tapa de diarios y revistas, pero no por ello dejan de tener vigencia e importa seguir su tratamiento desde el análisis de las responsabilidades y mecanismos para brindar garantías a las personas que utilizan los servicios que se ofrecen en el mercado.

El concepto más cuestionado que se aborda es el rol del Estado desempeñando su función de control, y que se profundiza al debatir el grado de intervención que debe tener el estado en la economía en su carácter de regulador y/o mediador entre la oferta y demanda.

Así queda planteado el sentido que tienen las concesiones y tercerización de servicios que el Estado deja a empresas privadas para que estas sean responsables del trabajo operativo de los servicios públicos. El esquema actual asigna al Estado el rol de inversor para todas las erogaciones de dinero en infraestructura. Las empresas privadas deberían asumir las erogaciones de carácter operativo de esos servicios, aunque también reciben dinero en subsidios para su funcionamiento. Es decir, el Estado invierte en capital fijo, y los privados en capital de trabajo.

¿Es viable este sistema de distribuir responsabilidades?

Una mitad de la biblioteca dice que lo hace más eficiente porque la empresa privada sería más meticulosa y precisa en el uso del dinero para poder obtener ganancias. Claro que para sostener este planteo habría que olvidar lo ocurrido en la estación de trenes y de L.A.P.A. en aeroparque. O sólo tomarlo como accidentes. Pero no como hechos  que son productos de las decisiones tomadas en la gestión empresaria.

La otra mitad de la biblioteca dice que es absurdo asumir todas las erogaciones en dinero para capital fijo y de trabajo, solo para renunciar a las ganancias que producen esas erogaciones. Claro que también habría que olvidar que parte de esas erogaciones alimentan la corrupción de funcionarios, ineficaz operatividad y excesos en la incorporación de personal.      

Parece que cualquier decisión que se tome siempre tendrá a los usuarios como mercado cautivo y pasivo.

Sin embargo hay alternativas, y muchas para que los servicios públicos sean eficientes, efectivos, y sobretodo, respetuosos de los ciudadanos-usuarios. Una buena gestión empresaria debería cumplir con leyes, reglamentaciones y procedimientos que ya están en vigencia para que se cumplan, e involucran al Estado en el rol de administrador y control de la gestión.

Para que un modelo de gestión sea legitimado por la sociedad, como tema de fondo en toda esta problemática, es reconocer los derechos económicos que todas las personas tenemos. Estos derechos no se han debatido, porque su reconocimiento es tibio y superficial para no afectar otros intereses y beneficios económicos, a la misma altura que han alcanzado la vigencia de los derechos políticos, sociales, humanos, culturales y personalísimos, reconociendo a la Legislación Argentina entre las más avanzadas del mundo. 

Cuando usamos un servicio público, lo mismo si fuera privado, no actuamos, según la lógica de mercado, como un consumidor o cliente racional, informado y libre para  decidir si lo adquirimos o no. Lo hacemos porque es una necesidad para hacer nuestra vida, y porque la organización social se lo condiciona a todas las personas. El uso del servicio está implícito en la calidad de vida que nos merecemos y a la que tenemos derecho como personas y sujetos de derecho. Entonces estamos en condiciones de exigir una calidad en la prestación y de garantías en la seguridad personal.  

A partir de reconocer a estos derechos como marco de las leyes económicas y el debate para construir un modelo de sistema de gestión de la Administración Pública para las prestaciones en bienes y servicios por parte del Estado, se pueden definir  conceptos y criterios válidos para organizar a las empresas que ofrecerán esos bienes y servicios.

Se podrá reclamar por la transparencia y disponibilidad de información para opinar y proponer. Se pueden establecer las responsabilidades y compromiso de los funcionarios para garantizar los derechos del ciudadano-usuario.

Es posible construir un Sistema Institucional del Estado que garantice la participación del ciudadano y la correcta satisfacción a sus demandas, a partir de temas específicos de gestión como los objetivos estratégicos de la empresa, el beneficio que se genera a los usuarios, los indicadores de gestión que deben cumplirse para evaluar el desempeño de quién asume la responsabilidad operativa de la empresa, ya sea el estado o privados.

La intervención del Estado no debe limitarse exclusivamente a la inversión en capital fijo, sino que debe ser muy exigente en el uso del capital de trabajo, poniendo siempre a disposición de quién lo requiera, la información útil para controlar la actividad empresaria. Los costos, rentabilidad, flujos de fondo y parámetros de comparación deben estar a disposición de la sociedad para evaluar el logro de los objetivos propuestos.

Abordar el debate de la intervención del Estado en la vida económica es posible y necesario hacerlo en los temas que brinden soluciones a nuestra vida cotidiana.

 La postura política para abordar estos temas confrontará por una parte a quienes defienden la libre empresa y rentabilidad económica como principal objetivo económico, y por la otra parte a quienes priorizan el bienestar general como premisa para que sea posible obtener beneficios personales. Las ideas que se propongan requieren una alta cuota de innovación, creatividad, ingenio y compromiso para aportar a  consolidar un modelo social que pretende ubicar a la Argentina entre los países avanzados en el reconocimiento de los derechos de sus habitantes, la defensa de los intereses nacionales, el fortalecimiento del mercado interno, consolidarla como país  emergente, y que todo esto tiene sentido si brinda bienestar y felicidad a su pueblo.

Héctor Jorge Assadourian

Licenciado en Administración

Profesor en Ciencias Económicas