Editorial (Noviembre)

25 de noviembre:

Día de la no violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer es un problema ampliamente extendido y más grave de lo que el común de la gente piensa. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias sociales, económicas y políticas que perjudican el desarrollo de los países e influyen directamente en la participación de las mujeres, en la adopción de decisiones tanto en el hogar como en el ámbito económico, laboral y político, por lo que influye a su vez en su participación pública y, por lo tanto, en el ejercicio de la ciudadanía.

            Aún cuando es un problema de larga data en la agenda política de los países, la violencia en contra de la mujer ha empezado a surgir sólo en épocas recientes. Ello se debe en gran medida a los esfuerzos realizados por el movimiento de mujeres para llamar la atención al problema de la violencia y exigir medidas de parte de los gobiernos.

            En los años 90 el trabajo realizado por el movimiento de mujeres en el seno de la sociedad civil y por mujeres en los cargos de representación ha llevado a la adopción de diversas medidas para luchar contra la violencia, entre las que se destacan nuevos cuerpos legales, comisarías de la mujer, albergues, centros de ayuda y cursos de capacitación para personal policial y judicial.

            La violencia intrafamiliar es un problema ampliamente extendido. Los estudios demuestran que cerca de la mitad de las mujeres en Latinoamérica han sido víctimas de violencia a manos de su marido o pareja. Estos datos otorgan al fenómeno características peculiares y remiten a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran todas las mujeres, independientemente de su edad o del lugar que ocupan en la estructura socioeconómica.

            Las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en todas las relaciones humanas, de modo que la violencia estructural que es la social, la política y la económica también se refleja en la familia y en las relaciones de género que se establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio. Por tal motivo la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un fenómeno desvinculado de un contexto social que refuerza y reproduce concepciones sexistas y un orden social discriminatorio basado en la producción y reproducción histórica del sistema de género. Este tipo de violencia tiene múltiples causas, entre las que se destacan, por una parte, las condiciones socioculturales que las generan, como la división sexual del trabajo y, por otra, aspectos ideológicos-culturales adquiridos en el proceso de socialización y en el aprendizaje cotidiano de los roles.

            A veces, los golpes y la violencia en el hogar son parte de la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres que viven en pareja. La forma más explícita de la violencia física son los golpes, los empujones, los sacudones. Pero la violencia doméstica reviste otras múltiples formas, tales como la agresión verbal, la restricción de la libertad y conductas que llevan a la disminución de la autoestima.

            ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta forma de violencia? La violencia de género que ocurre en el entorno familiar entendida como un acto que supone la negación del ejercicio de los derechos de la mujer tiene consecuencias sociales, económicas y políticas para toda la sociedad, puesto que reproduce y perpetúa un sistema de discriminación y subordinación de más de la mitad de la población y constituye una violación de los derechos humanos. Además refleja la inexistencia de una estructura sociopolítica caracterizada por una mayor simetría de las relaciones sociales que permita fortalecer las democracias, a la vez que constituye un elemento que por vía directa o indirecta frena el desarrollo armónico de los países.

            La Organización Mundial de la Salud considera que la violencia de género constituye un grave problema de salud pública.

 También es un motivo de preocupación en las organizaciones internacionales, no solo por sus consecuencias físicas y psíquicas individuales sino también porque supone mayores demandas a los servicios de salud, general y de emergencia y por el alto costo económico que tiene para los países.

            Una investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, estima que los costos de violencia en América Latina representan el 14,2 por ciento del producto bruto interno de los países de la región, lo que significa cerca de 168 billones de dólares. Brasil aparece como el país que más sufre este problema, perdiendo cerca del 10,5 por ciento de su producto bruto interno, lo que representa 84 billones de dólares anuales. Esto significa que la violencia inhibe la participación de las mujeres en la adopción de decisiones tanto dentro del hogar como en el ámbito laboral, político, económico y social. En este sentido el costo social de la violencia de género incluye la inacción de la sociedad que no toma medidas para defender los derechos humanos de las mujeres y, por lo tanto, ignora lo que sucede cotidianamente y niega la discusión pública de estos delitos, su significación política y su reparación social. La estadística muestra, que el 81,56 por ciento de los casos denunciados el victimario es el esposo o concubino.

Argentina en el 2009 sancionó la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.