Día Internacional de
Acción por la Salud de la Mujer
Responsabilidad compartida
Se proclama con el propósito de reafirmar
el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben
acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su
ciclo de vida.
El 28 de Mayo se ha convertido en el día en
que muchas organizaciones y grupos de mujeres de todas partes del mundo llevan
a cabo una gran variedad de actividades dedicadas a luchar por mejorar la
calidad de la atención a la salud de la mujer, agravada por la pobreza y de la
creciente brecha entre ricos y pobres, teniendo un impacto directo sobre las
posibilidades de la mujer de gozar de salud y disfrutar de sus derechos
reproductivos y sexuales.
Bajo la bandera de derechos reproductivos y sexuales, hay muchas cuestiones que se interrelacionan con el estatus de la mujer - y que van en detrimento de su salud.
Por ejemplo, las mujeres experimentan mayores riesgos de ser infectadas por el virus VIH en encuentros sexuales que los hombres; las mujeres embarazadas son más susceptibles a ser víctimas de violencia doméstica; las mujeres tienden a pedir y recibir atención médica solo cuando están seriamente enfermas.
Se ha constatado que, por ejemplo, las barreras geográficas (distancia al puesto de salud), culturales (por ejemplo, la percepción de que la menstruación es motivo de vergüenza y debe ser ocultada) y socio-económicas (discriminación por parte del personal de salud según casta, clase, preferencia sexual y pobreza) forman parte de los principales factores que influyen sobre el acceso de la mujer a la atención de salud. Y, son estos mismos factores, los que también limitan las posibilidades de la mujer de permanecer saludables. Por ejemplo, en algunos países, las mujeres son las últimas en comer en la casa y las que reciben la menor cantidad de comida; necesitan del permiso de sus esposos/parejas para usar anticonceptivos ; son las últimas de la familia en buscar atención médica y, con frecuencia, no intervienen en las decisiones concernientes a asignaciones presupuestarias para la salud a nivel local o nacional.
Bajo la bandera de derechos reproductivos y sexuales, hay muchas cuestiones que se interrelacionan con el estatus de la mujer - y que van en detrimento de su salud.
Por ejemplo, las mujeres experimentan mayores riesgos de ser infectadas por el virus VIH en encuentros sexuales que los hombres; las mujeres embarazadas son más susceptibles a ser víctimas de violencia doméstica; las mujeres tienden a pedir y recibir atención médica solo cuando están seriamente enfermas.
Se ha constatado que, por ejemplo, las barreras geográficas (distancia al puesto de salud), culturales (por ejemplo, la percepción de que la menstruación es motivo de vergüenza y debe ser ocultada) y socio-económicas (discriminación por parte del personal de salud según casta, clase, preferencia sexual y pobreza) forman parte de los principales factores que influyen sobre el acceso de la mujer a la atención de salud. Y, son estos mismos factores, los que también limitan las posibilidades de la mujer de permanecer saludables. Por ejemplo, en algunos países, las mujeres son las últimas en comer en la casa y las que reciben la menor cantidad de comida; necesitan del permiso de sus esposos/parejas para usar anticonceptivos ; son las últimas de la familia en buscar atención médica y, con frecuencia, no intervienen en las decisiones concernientes a asignaciones presupuestarias para la salud a nivel local o nacional.
Protecciones
En el Cairo en 1994 se realizó la Conferencia
Mundial de Población donde 179 países firmaron
el Consenso del Cairo. Se distinguió por su abordaje holístico y
transformador del tema de población en su vínculo con el desarrollo humano, con
la protección del medio ambiente, con el enfrentamiento a la pobreza y la
violencia, el mejoramiento de la condición de la mujer, la defensa de la salud
integral y de la salud sexual y reproductiva en particular, incluyendo el
abordaje del aborto inseguro, las necesidades de adolescentes, la prevención
del VIH/SIDA, entre muchos otros aspectos. Priorizó por el bienestar individual
y colectivo, por la igualdad y equidad entre los géneros, y el respeto pleno a
los derechos reproductivos como derechos humanos. Alejándose de metas
demográficas de anteriores conferencias en el tema, la CIPD enfocó a las
mujeres como sujetas de derecho y como elemento clave para el desarrollo de los
pueblos. Asimismo, como sujetas con autoridad moral y capacidad para
autodeterminarse en todo aquello relativo a su vida, sexualidad y reproducción.
No se puede desconocer, sin embargo, que tanto en la Conferencia de El Cairo como en sus procesos de seguimiento a los 5, 10 y 15 años, conceptos tales como el empoderamiento, la autonomía y la libertad de las mujeres y de adolescentes para tomar decisiones informadas, y los derechos sexuales, han concitado una oposición extrema liderada por la Santa Sede, países islámicos y gobiernos conservadores de distintas regiones, incluyendo varios de América Latina y el Caribe. De hecho hasta hoy estos sectores persisten en atacar y satanizar el consenso de El Cairo y temas vinculados, en especial los relacionados con la salud y derechos de las mujeres, la población joven y la diversidad sexual. Esto, unido a la falta de voluntad política de los gobiernos y de los países donantes respecto de los compromisos financieros y programáticos que firmaron en El Cairo y que son indispensables para alcanzar las metas, ha sido un obstáculo para su implementación efectiva.
Junto a ello, la aprobación el año 2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha sido otro factor negativo. Los ODM no incorporan explícitamente los grandes avances conceptuales logrados en la serie de conferencias mundiales de la década de los años 90, en especial, los alcanzados en la CIPD y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), con sus agendas inclusivas. De hecho tan solo en su primera revisión de cinco años, se logró incorporar la salud sexual y reproductiva dentro de sus metas, gracias a la presión del movimiento internacional de mujeres.
Y tampoco confrontan los negativos efectos de la compleja coyuntura mundial que hoy vivimos, en la cual las fuerzas fundamentalistas religiosas, por un lado, y los modelos económicos neoliberales, por otro, se confabulan y potencian para oponerse a que las mujeres detenten una categoría de ciudadanas en todos los ámbitos de sus vidas.
No se puede desconocer, sin embargo, que tanto en la Conferencia de El Cairo como en sus procesos de seguimiento a los 5, 10 y 15 años, conceptos tales como el empoderamiento, la autonomía y la libertad de las mujeres y de adolescentes para tomar decisiones informadas, y los derechos sexuales, han concitado una oposición extrema liderada por la Santa Sede, países islámicos y gobiernos conservadores de distintas regiones, incluyendo varios de América Latina y el Caribe. De hecho hasta hoy estos sectores persisten en atacar y satanizar el consenso de El Cairo y temas vinculados, en especial los relacionados con la salud y derechos de las mujeres, la población joven y la diversidad sexual. Esto, unido a la falta de voluntad política de los gobiernos y de los países donantes respecto de los compromisos financieros y programáticos que firmaron en El Cairo y que son indispensables para alcanzar las metas, ha sido un obstáculo para su implementación efectiva.
Junto a ello, la aprobación el año 2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha sido otro factor negativo. Los ODM no incorporan explícitamente los grandes avances conceptuales logrados en la serie de conferencias mundiales de la década de los años 90, en especial, los alcanzados en la CIPD y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), con sus agendas inclusivas. De hecho tan solo en su primera revisión de cinco años, se logró incorporar la salud sexual y reproductiva dentro de sus metas, gracias a la presión del movimiento internacional de mujeres.
Y tampoco confrontan los negativos efectos de la compleja coyuntura mundial que hoy vivimos, en la cual las fuerzas fundamentalistas religiosas, por un lado, y los modelos económicos neoliberales, por otro, se confabulan y potencian para oponerse a que las mujeres detenten una categoría de ciudadanas en todos los ámbitos de sus vidas.
Efectivamente, las políticas neoliberales capitalistas, que en las últimas décadas han acentuado gravemente las condiciones de desigualdad, inequidad y exclusión social, con impacto desproporcionado en las mujeres, se constituyen en sí mismas una barrera que pretende ser inexpugnable para cualquier avance que se sustente en las libertades de las personas y en una real justicia social, económica, medioambiental y de género. Frente a ello, los movimientos sociales, de los cuales las mujeres son parte, claman por profundos cambios estructurales que hagan otro mundo posible.
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